¿FRAUDE EN GUASAVE?

Está por cumplirse un año desde que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, subió a la lomita para lanzar la primera bola con la que reinaguró el Estadio Francisco Carranza Limón, casa de los Algodoneros de Guasave y anunciar su regreso a la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Dicho inmueble que fue aprobado por el Ejecutivo Federal, sin embargo, actualmente es investigado por posible fraude.

De acuerdo a una investigación que salió a la luz por Animal Político en colaboración con Noroeste, se detalla que la restauración del recinto fue operada con dinero público y bajo la ‘supervisión’ de un empresario que habría defraudado al fisco por 55 mil millones de pesos.

“Su gobierno (de AMLO) invirtió 65 millones de pesos en remodelar el viejo Carranza Limón, a los que el gobierno de Sinaloa sumó 6 millones y medio y el empresario Alfredo Harp Helú otros 65 millones. En total, 136 millones de pesos para ampliar el aforo del estadio”, señala la investigación.

Además se explica que tras cinco años de ausencia en la Liga Mexicana del Pacífico, los Algodoneros regresaron al diamante después de cumplir con los protocolos del inmueble y tras presentar a su nuevo propietario, ‘Alfredo Aramburo Nájar, empresario joven, reconocido en 2015 como el contador público del año en el sur de Sinaloa, y con experiencia en el beisbol tras estar con Los Generales de Durango.

¿EN DÓNDE RADICA EL PROBLEMA?

De acuerdo a la investigación de Animal Político, el pasado 23 de junio el Gobierno Federal denunció un fraude al fisco por 55 mil millones de pesos, provenientes de 43 empresas, en la cual se incluye a ‘Costa Bella and Sands’, la cual señala como ‘dueños familiares de Alfredo Aramburo, otras empresas de su familia, y múltiples personas que trabajan para sus compañías’.

“La Procuraduría Fiscal denunció penalmente a esta empresa porque se trata de una facturera. Es decir, una compañía que no tiene instalaciones reales ni personal trabajando, ni activos, y que emite facturas falsas para hacer pasar por reales servicios que no existen, que simula ante Hacienda.

“A partir de este mecanismo, las factureras inflan tanto esos gastos ficticios que llegan a exigir a la Secretaría de Hacienda que le devuelvan impuestos, obteniendo cientos de millones del erario”, explica la investigación.

Aramburo, de hecho, no es un desconocido para el gobierno: es asesor externo de un comité de la Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México (ProBeis), que tiene como objetivo impulsar el plan del presidente de crear escuelas de talentos por todo el país. Y un mes antes de la reinauguración del Carranza, el 19 de septiembre, la Secretaría de Educación (SEP) benefició a una de sus empresas con otros 25 millones de pesos para que, en tres meses, buscara jóvenes promesas del béisbol.

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